La Jornada
25/09/2008
Entrevista a Jorge mansilla, embajador de Bolivia en México
Documentado, papel de EU en operativo para tirar a Evo
Por primera vez, el peligro golpista “no viene del ejército”
El presidente tuvo el acierto de quitar el mando a dos generaciones de generales y poner a jóvenes cuyos padres, pobres e indígenas, se benefician del programa Renta Dignidad, por el cual se estableció una pensión vitalicia para los mayores de 60 años, afirma el diplomático
Blanche Petrich
Hoy se sabe, gracias a la desclasificación de archivos secretos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Estado, que el embajador estadunidense en Bolivia de finales de los años 60 y principios de los 70, Douglas Henderson, orquestó el respaldo a los generales de Santa Cruz en el golpe de Estado de Hugo Banzer, en 1971, mediante la intervención de grupos armados ilegales.
Era el mismo diplomático que en 1967 reportó el asesinato del Che Guevara, un hecho que conocía muy bien, pues él mismo había coordinado la participación de una docena de boinas verdes del ejército de su país en la cacería del guerrillero.
Jorge Mansilla, embajador de Bolivia en México, sostiene que no será necesario esperar a que dentro de 25 años se desclasifiquen nuevos documentos secretos en Washington o Langley para saber que durante el mandato de George W. Bush se puso en marcha un operativo para descarrilar el proyecto de cambio en Bolivia, que preside Evo Morales. Y que el embajador Philip Goldberg jugó un papel en este complot. “Hoy mismo podemos mirar las evidencias que tenemos a la mano”.
Enumera algunas de ellas:
En marzo de 2006 es detenido el ciudadano estadunidense Tristán Jay Armero, responsable de haber hecho estallar una carga de dinamita en un hotel de La Paz. Hubo dos muertos.
En junio de ese año, es arrestada en el aeropuerto de La Paz Donna Thi, otra ciudadana estadunidense, procedente de Miami en una aerolínea de Estados Unidos. Pretendía ingresar con un paquete de 500 municiones calibre 45, que había registrado como “queso”. La esperaba en la terminal la esposa del agregado militar de la embajada de su país, coronel James Campbell. El propio embajador (hoy expulsado) Goldberg intervino en defensa de la contrabandista, alegando que las municiones eran para fines “deportivos”. Las autoridades bolivianas no aceptaron ese argumento.
Abril 2007. Se descubre que la empresa estadunidense Casals & Associates, asentada en Santa Cruz de la Sierra, transfirió 13.3 millones de dólares a organizaciones opositoras de ese departamento. Pocos meses después se registra un atentado dinamitero contra la residencia de médicos cubanos en Santa Cruz. En ese periodo ocurre también una explosión en el consulado boliviano en Caracas.
Una investigación de la abogada venezolana-estadunidense Eva Golinger revela la transferencia de 120 millones de dólares de la Agencia Estadunidense para el Desarrollo Internacional y la National Endowment for Democracy –de 2005 a 2008– a supuestos proyectos de desarrollo social “contra el narcotráfico”, repartidos entre grupos estudiantiles, periodistas y medios de comunicación, partidos políticos anti-Evo y empresarios. Los “proyectos sociales” se enfocan a actividades de sabotaje contra el proceso de la Asamblea Constituyente, mediante manifestaciones autonómicas, confrontaciones violentas, campañas de descrédito contra el movimiento indígena y las propuestas del Movimiento al Socialismo (MAS), paros y bloqueos “cívicos”, así como llamados a derrocar al presidente Morales.
Desde entonces, más de 80 mil jóvenes se integran a la Unión Juvenil Cruceñista que, según denuncias, recibe armas trasegadas ilegalmente desde la frontera con Argentina.
Antes y después de las consultas autonómicas que organizaron los prefectos de los departamentos de la Media Luna (Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija), más Cochabamba y Chuquisaca, se documentan las frecuentes reuniones de Goldberg con autoridades, empresarios y “líderes cívicos” secesionistas. También hay “encuentros secretos”, aunque no tanto, pues pueden ser consultados en Youtube, antes del referendo al que se sometió el gobierno de Morales, el pasado 10 de agosto. En ese lapso ocurren los asaltos violentos de grupos “civilistas”, siempre bien dotados de petardos y gases lacrimógenos, coordinados por los prefectos y los alcaldes opositores, en contra de indígenas afectos al gobierno de Evo en Santa Cruz (11 de enero, dos muertos), Sucre (24 de mayo, centenares de indígenas golpeados, escupidos y humillados) y Cobija (13 de septiembre, 18 muertos, entre ellos un niño).
En este último episodio se confirmó que los grupos armados que emboscaron a los normalistas y campesinos se trasladaban en vehículos oficiales de la prefectura. El prefecto Leopoldo Fernández, interlocutor frecuente del embajador Goldberg, es acusado de homicidio.
“Para derrocarlo tendrían que matarlo”
“El golpe civil, como le llama el presidente, está en marcha. Sólo que para derrocar a Evo, primero tendrán que matarlo”, sentencia el embajador Mansilla.
El diplomático, quien vivió en carne propia dos golpes de Estado anteriores, reconoce algunos paralelismos entre el modelo de golpe que se puso en marcha en 1971 y el actual clima de tensión en Bolivia. Una similitud –señala– es el protagonismo de la embajada de Estados Unidos. Otra coincidencia entre aquel golpe militar y el “golpe civil”, conjurado por el momento, es el chantaje del movimiento separatista, ahora extendido a toda la región de la llamada Media Luna.
“Pero entre 1971 y 2008 hay diferencias sustanciales”, apunta Mansilla. “Juan José Torres estaba solo. Había empezado la avanzada fascista; los experimentos populistas y liberales de Juan Velasco Alvarado, en Perú, y Héctor Cámpora, en Argentina, habían terminado violentamente. En Brasil y Paraguay ya se había instaurado una dictadura castrense. Caerían uno a uno los ensayos democráticos del Cono Sur: Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay. No había espacio, ya no digamos para un proyecto de izquierda, ni siquiera para los nacionalistas”.
Para el proyecto popular de Evo Morales, las condiciones internacionales son menos asfixiantes: “los gobiernos progresistas, el eje de los malos, según Bush, están creciendo. Venezuela, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Cuba, Nicaragua, Honduras, Guatemala... todos respaldan a Bolivia”.
–El apoyo más reciente fue el de los presidentes sudamericanos en la reciente cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas, en Santiago.
–Y el más significativo, porque con el voto de confianza a Evo Morales se están curando en salud. Hay que tomar en cuenta que es la primera organización política regional en la que no están representados ni Estados Unidos ni Canadá. Es la primera victoria en contra de la OEA (Organización de Estados Americanos).
Otra condición distinta al ambiente golpista de los años 70 –precisa– es que “el sistema del imperialismo está en fase de decadencia. A Bush le queda un mes y medio más en la Casa Blanca. Y no sé si Obama o McCain quieran repetir el ridículo de Bush en Iraq antes de voltear a ver a América Latina.
“Por el momento, el riesgo de un golpe contra el gobierno del MAS se ha conjurado. Pero lo van a seguir intentando. Van sobre Bolivia. Estamos en su plan.”
–¿Cuenta con la lealtad de las fuerzas armadas? ¿Qué le hace estar seguro de que los militares no van a optar por la vía del golpe, como hicieron tantas veces en el siglo XX?
–No lo van a hacer. En primer lugar, porque saben que los golpistas de hoy sí son capaces de desgarrar Bolivia. Y en segundo lugar, porque hoy los oficiales jóvenes de las fuerzas armadas tienen otra mentalidad. Al llegar a la presidencia, Evo tuvo el acierto de descabezar a dos generaciones de generales y oficiales. Muchos de ellos participaron en golpes anteriores, se identificaron con gobiernos golpistas. Los mandó a retiro y dio las riendas, ni siquiera a los coroneles, a los capitanes, a quienes involucra en la defensa del gas. Ellos han sido los garantes en el rescate del gas, la minería, los ferrocarriles, las fundidoras, las telecomunicaciones. Es decir, hoy día, el peligro de un golpe de Estado no viene por el lado del ejército boliviano, por primera vez. Además, está el tema de la Renta Dignidad. Sus padres se benefician con los 25 dólares asignados como pensión a todos los mayores de 60 años; 700 mil bolivianos lo reciben. Los separatistas quieren quedarse con la totalidad del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que es el recurso de donde sale esta pensión. La base de nuestro ejército es pobre e indígena.
